Este censo pretende recabar la información requerida para hacer efectiva la propuesta salarial de las mesas instaladas para discutir la Normativa Laboral “del Sector Universitario”
—léase “Sector Universitario Oficialista”, aunque por la poca representatividad de los asistentes ni siquiera puede considerarse que represente a todo este sector—.
El Salario Social no es otra cosa que una manera de escamotear el salario de los profesores, profesionales, trabajadores y obreros universitarios y desconocer el justo aumento que merecemos.
Este nuevo concepto busca incorporar a los trabajadores del sector universitario de manera forzosa y diferenciada —“sobre la base de dar a cada quien según sus necesidades”(1)— a las distintas misiones que el gobierno ha implantado para “atender” a la población, con resultados de dudosa eficiencia (no desde el punto de vista electoral) y transparencia.
Estas misiones están vinculadas con otros países, tales como Cuba, China e Irán, mediante convenios que contemplan la adquisición y distribución de productos de consumo:
vehículos, línea blanca,
computadoras, equipos de comunicación y otros más vitales como viviendas y
medicamentos.
Pregunto entonces:
¿La oferta de beneficios de las misiones no forma parte de los derechos
naturales de cada
ciudadano?
¿No son estas misiones de afiliación voluntaria?
Si es así,
¿cómo es que los
beneficios que incluyen ahora pasarán a formar parte del salario de un
trabajador? ¿Significa
esto que mi salario, y en particular el aumento que reciba, dependerá de
aquellos servicios e
insumos que poseo en la actualidad y que, a duras penas, puedo mantener
con el salario que
recibo, endeudándome hasta el cuello?
La propuesta de un Salario Social (no remunerativo) contrapuesto a un
“salario remunerativo”,
en dinero contante y sonante, pone en evidencia lo precario de nuestros
sueldos. No podemos
acceder a los servicios y productos que requerimos y deseamos. Además, tal
propuesta pone en
peligro de muerte el disfrute de aquellos servicios que por Acta Convenio,
suscrita con nuestro
patrono (La UCV, con la cual firmamos contrato) disfrutamos actualmente.
Entre ellos,
mencionemos:
-el servicio médico del IPP de la UCV (2% de la nómina integral
anual),
-los Centros
Educativos, Becas y ayudas Especiales (1,2 % de la nómina integral anual),
-el seguro de vida (2%
de la nómina integral anual) y
-el seguro HCM básico (6% de la nómina
integral anual).
Esto,
además de no recibir los aportes que, por acuerdos federativos, se destinan
a SAMHOI y otros
programas.
Adicionalmente, valdría preguntarse
¿Dónde queda la libertad de gastar mi
salario en aquellas
cosas que necesito?
¿De escoger el modelo que me gusta y/o que ofrece la
calidad que requiero o,
simplemente, comprar una novela, un disco de jazz o un ramo de flores para
mi mujer?
En dos platos, nos pretenden dar un aumento chucuto e incorporar a los
trabajadores
universitarios a las filas de esperanzados que buscan recibir del gobierno
aquellos servicios y
beneficios a los cuales no tienen acceso y por los que los profesores, a
través de la APUCV y
la FAPUV, tenemos más de 42 años luchando.
(1) Documento de instalación de la Reunión de Normativa Laboral de
Sector Universitario, de
conformidad con la Resolución No 8292, de fecha 15 de mayo 2013, publicada
en Gaceta Oficial No
40.167, de fecha 15 de mayo 2013. MPPEU.
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