Cuando la política sube a estratos judiciales, la justicia huye despavorida
Johandry Hernández
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) lidera el paro indefinido que desde hace dos semanas ejecutan las universidades autónomas como medida de presión ante el Gobierno, ante su negativa a reconocerla como gremio profesoral e incorporarla a la discusión de la Convención Colectiva Unitaria del sector universitario.
El presidente Nicolás Maduro dijo que este paro representa apenas el 15% de las instituciones de educación superior, pero Lourdes Ramírez de Viloria —presidenta de Fapuv—, con un verbo firme y frontal contrapone: “Nuestra Federación agrupa a 40 mil docentes y en este momento tenemos 500 mil estudiantes sin clase”.
En esa tónica, pide al país que entienda que no se trata de una lucha referida solo a un aumento salarial, sino comprender que se trata de una crisis institucional global y compleja, agravada por años de desatención. “Esta lucha va más allá de un aumento salarial. Este conflicto va por recuperar la universidad que hemos ido perdiendo poco a poco por la intención del Gobierno de aniquilarla y someterla al escarnio cuando descalifica a sus autoridades y hace acusaciones falsas”.
Ramírez de Viloria dice que no se trata de ver la educación como un gasto o decir que la matrícula se ha ampliado, sino de atender los factores amenazantes de la calidad. “La inversión tiene que ser para generar investigación de calidad y tener una academia de altura”. Asegura que el presupuesto es el mismo desde el año 2005: más del 80% dirigido solo a pagos de personal y menos del 20% para funcionamiento, a partir de una reformulación ordenada desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) que solo alcanza para 4 meses. “Luego las universidades tienen que mendigar ante la Opsu y el Ministerio para seguir mal funcionando. Esa es la verdad”, enfatiza.
Aumento y “gremios de maletín”
Al consultarle sobre la postura de la Fapuv ante el aumento salarial recién decretado, Ramírez de Viloria espeta que esas cifras son resultado de una negociación entre gremios complacientes, que no velaron por los justos derechos de los trabajadores: “La Convención Colectiva la elaboraron unos sectores que son federaciones de maletín con sus oficinas en el Ministerio y que representan al patrono, al Gobierno nacional”.
Habla de seguir luchando para derrumbar la idea del Gobierno de que la exigencia de la aplicación de las Normas de Homologación es un capricho político. “Esas normas están vigentes y tienen rango constitucional. Para derogarlas, ambas partes, Gobierno y Fapuv, tienen que estar de acuerdo y eso no ha ocurrido”, explica.
Persecución judicial
La presidenta de la Fapuv ha acudido en dos oportunidades al Juzgado 24 del Área Metropolitana de Caracas, luego de la acción de amparo interpuesta por tres estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas (Upel) que piden respeto a su derecho a la educación.
Dice que la asociación de profesores de ese instituto tomó legítimamente la decisión de pararse y que ellos son autónomos. “Nos ordena este Tribunal que Upel inicie las actividades, pero la Fapuv no tiene la potestad de hacerles cambiar de postura. Si la Asamblea decide que mantiene el conflicto, nadie puede obligarlos a que reconsideren su decisión, porque es una asamblea soberana, asegura”.
El 20 de junio de 2013 le llegó una nueva notificación en la que dan un lapso de 48 horas para cerciorarse de que Ramírez cumplió la orden de iniciar las clases en Upel. “Cuando la política sube a estratos judiciales, la justicia huye despavorida”, acusa.
Agendas ocultas
Negó que la Fapuv maneje una agenda oculta para desestabilizar al país y dice que el Gobierno siempre hace ese señalamiento a quien le haga oposición. “Yo no creo que en el país haya 40 mil profesores golpistas”. Ramírez de Viloria dice que el ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, viene de una universidad autónoma. “El ministro es miembro de la comunidad de la UCV y por eso es golpista también –se pregunta–. Vamos a razonar como debe ser”.
Sigue el paro
La Junta Directiva de Fapuv, celebrada el miércoles 19 de junio, decidió mantener el paro nacional indefinido, acción respaldada por 18 asociaciones del país. Los reclamos se centran en que el Gobierno reconozca a Fapuv como gremio legítimo de los profesores y los incluyan en la discusión de la Convención Colectiva para exigir la aplicación de las Normas de Homologación. “La huelga es un derecho constitucional”, defiende e informa que radicalizarán las acciones de calle.
¿Fapuv ilegítima?
Una de las críticas más duras del Gobierno hacia la Fapuv es que no ha renovado a su directiva y, por tanto, es ilegítima en sus demandas. Frente a esta acusación, Ramírez de Viloria dice que la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva —presidentes de gremios profesorales de las universidades del país— se han renovado en elecciones recientes.
Explica que cuando les correspondía hacer elecciones en 2008, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó suspenderlas por coincidir con el proceso de elección de alcaldes y gobernadores. En 2009, según explicó, también presentaron un cronograma electoral y no se concretó porque cinco asociaciones no presentaron los recaudos. “Una de ellas intervenida y afecta al oficialismo”.
Se refiere a la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, cuyo presidente, según denuncia, tiene más de 20 años en el cargo y no se le acusa directamente por ser afecto al Gobierno. “Se trata Carlos Cerezo, quien fue diputado suplente en la Asamblea Nacional”.
Refiere que desde septiembre de 2012 las universidades Rómulo Gallegos, Sur del Lago y la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (Unermb) esperan por las nóminas de sus profesores. “No quieren entregarlas y sin ellas no podemos hacer las elecciones. Casualmente, son instituciones afectas al gobierno en las que se ha denunciado persecución laboral a los trabajadores”, acusa.
Dice que la Comisión Electoral de la Fapuv acudió al CNE para solicitar autorización para celebrar las elecciones sin estas tres asociaciones, pero la salida dada por el organismo es que deben acudir a la Sala Electoral del Tribual Supremo de Justicia. “Fapuv no tiene recursos para costear un juicio en el TSJ”, dice.
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