Estudiantes, profesores y empleados simularon un juicio
contra el Estado venezolano. Foto: Eduardo Méndez
La Universidad del Zulia era la demandante. Pedro Calzadilla, ministro de Educación Universitaria y en representación del Estado, fue el demandado. En un juicio oral y público celebrado en la plazoleta del rectorado nuevo, la defensa de la casa de estudios enumeró las denuncias que aún están sin respuesta por parte del Gobierno nacional.
La actividad formó parte del cronograma establecido como parte del Sosluz, que acompaña a la huelga de hambre que se mantiene en la sede rectoral. "Aprobación de apenas el 40 por ciento del presupuesto requerido, planta física deteriorada, falta de infraestructura, alta inseguridad, falta de dotación de bibliotecas, violación a la libertad sindical, cinco años sin incremento salarial y providencias estudiantiles mermadas", fueron algunos de los alegatos del "abogado defensor".
Estudiantes y profesores participaron en la jornada. Cada uno representó un papel. El profesional del Derecho resaltó que el gasto que destina el Gobierno para las universidades representa el 1,1 por ciento del producto interno bruto; mucho menor a los del Ministerio de Interior y Justicia.
"La universidad no es un organismo del Estado. Esa propuesta de convención colectiva es para uniformarnos y aumentar el control sobre las instituciones".
Triste realidad
La defensa del acusado también tuvo su turno. Al juez le recordó que debe ser un soldado obediente del proceso revolucionario. Fue enfático además al asegurar que representa a la nueva universidad, la socialista, antiimperialista y comprometida con los colectivos sociales a dejar atrás a la derecha fascista.
"Nuestro compromiso es con un proyecto que en última instancia va a convertir al planeta Tierra en un mejor lugar para vivir". Entre sus testigos presentó a un estudiante, "camarada y revolucionario", que resaltó las bondades del "mejor sistema de transporte de América Latina", así como del comedor, las bibliotecas y una beca que le alcanza para "todos" sus gastos, incluso los personales.
Tras las pruebas presentadas por las dos partes, la sentencia fue clara. Se encontró culpable al Estado venezolano por la violación de la autonomía universitaria y se le condenó a cumplir con el cese de la discusión de la primera convención colectiva única para los trabajadores universitarios; asignar un presupuesto justo y suficiente a las casas de estudio; reconocer a los legítimos representantes de los profesores y estudiantes y atender las exigencias de todos los gremios.
Aunque fue un simulacro, todos los presentes aplaudieron la decisión, muy esperada en la vida real. "Cuando la autonomía se amenaza, los universitarios estaremos en la calle".
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